jueves, 19 de noviembre de 2009

UNA CUMBRE DE PATRIARCAS


La realización de la CADE 2009 girará en torno al tema “Nuestro Futuro, Nuestra Oportunidad”, como un compromiso por contribuir a la reflexión acerca del desarrollo nacional, enfrentar los retos en este mundo globalizado y que involucra la participación y el aporte de los empresarios, ejecutivos y profesionales del país, propiciando iniciativas que promuevan el bienestar económico y social de la nación peruana.


Los empresarios peruanos han demostrado su sagacidad para salir de los momentos más difíciles de la escena económica nacional. La nueva década que comenzará el 2010 debe ser de un sacrificio político y empresarial para impulsar el despegue definitivo del país, con uno solo objetivo descentralizar el progreso económico a todo el territorio nacional. Enfocándonos en los sectores minero, agroexportador y turismo. El turismo es actualmente uno de los sectores mas inclusivos de la economía, en este aspecto es fundamental la promoción y conectividad aérea. En este sentido es urgente la construcción de un nuevo  aeropuerto internacional en Cusco.
Debemos de repensar el futuro del país no en función a Lima solamente, sino en torno a las ciudades  del sur y norte peruano.
Debemos también, considerar con mucho énfasis al sector informal como actor de desarrollo; mientras soslayemos o consideremos tangencialmente este fenómeno, no podremos integrarnos económicamente como país. Los informales están en todos los sectores y con mucho éxito, entonces debemos hacer todos los esfuerzos por atraerlos a la formalidad y eso es tarea de todos, pero no con imposiciones, sino haciéndolos ver los beneficios que podrían obtener y que efectivamente los aprecien.
Un país progresa con grandes ciudades que dinamizan las economías regionales y generan contrapesos y competencias regionales, no hacerlo supondrá una agonía y enfermedad lenta que terminará infectando y matando al país.

“Tenemos que ser globales, mirar el mundo como nuestro mercado...”




"CADE 2009 en Arequipa..."



 

lunes, 9 de noviembre de 2009

EL HILO DE LA MADEJA

En el caso de la producción local de algodón, además de la paulatina reducción de la capacidad y calidad de la oferta, las relaciones entre compradores y productores de algodón se han distorsionado por intervenciones estatales que han emitido señales incorrectas en materia de estabilidad y predictibilidad de la actividad. 



Si la producción nacional de algodón pierde terreno por su baja competitividad y no tanto por subsidios en el extranjero, entonces haría falta más que apoyo estatal. Haría falta realizar cambios internos para que la producción de algodón vuelva a ser competitiva. 

La coyuntura actual exige la reacción inmediata de todos los miembros de la cadena textil. La prioridad se centra en lograr una mayor articulación entre la parte agrícola y la industrial. Para esta última, un resurgimiento algodonero podría significar menores costos de transacción y mayores beneficios. En consecuencia, el sector industrial textil debe ser el principal generador del cambio, pues sus alternativas de acción derivan en el plano tecnológico.

Las autoridades correspondientes deben entender que no es posible diseñar una política que no respete la cultura de mercado en materia de precios, subsidios, ejecución de garantías y todas las medidas necesarias para propiciar, nuevamente, la viabilidad de los mecanismos de articulación naturales al interior de la cadena productiva. Los rescates financieros, las condonaciones de deudas y otras medidas intervencionistas, podrían aumentar la percepción del riesgo asociado a iniciativas como el financiamiento y garantía que una empresa textilera pudiera brindar a una asociación de algodoneros de manera coordinada. 

Si el Estado se limita a garantizar las condiciones mencionadas y evita la tentación de intervenir excesivamente y de manera errática, la industria tendrá incentivos para propiciar mecanismos que permitan aumentar el grado de investigación e inversión, y así poder superar, en un mediano plazo, la actual problemática.



  "El Perú es el único país del mundo que no subsidia a su algodón"


viernes, 6 de noviembre de 2009

A OJOS CERRADOS


Dentro del conjunto de modalidades en las que el sector privado colabora con el sector público en la provisión de los servicios públicos, las Asociaciones Público Privadas (APP) tienen un cariz especial. En los proyectos recientes de APP en el Perú se conjuga el aprendizaje acumulado en los últimos veinte años, en lo que se refiere a contrataciones públicas, contratos de gerencia, privatizaciones y concesiones, subsidios a la demanda, etc., tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

No obstante el auge mundial de la participación privada en actividades antes realizadas por el sector público, el término Asociación Público-Privada, en su acepción más exacta, se restringe a aquellos casos en que el sector privado provee directamente un servicio público, pero que su intervención supone la participación financiera del Estado para hacer rentable el proyecto.

En la legislación peruana, la APP adopta la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre el Estado y una empresa por el cual el Estado otorga la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado.



Una APP supone entonces la prestación directa del servicio público al usuario por parte de la empresa privada. Estos usuarios, por ejemplo, en el caso de una generadora de electricidad serán otras empresas, y en el caso de una carretera, los automovilistas, camioneros, etc. Estos usuarios deberán pagar una tarifa o peaje por el uso de este bien o por la prestación del mencionado servicio.

Una APP, se distingue de la obra pública, pues esta última, junto con la tercerización de servicios, constituye un bien o servicio intermedio que hace posible que el sector público asegure directamente la prestación de un determinado servicio o el uso de una determinada infraestructura.

Resulta indispensable contar con un marco legal que regule la participación del sector privado en la operación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, con el fin de determinar los principios y procedimientos aplicables a dicha participación mediante la modalidad de Asociación Público Privada, con la finalidad de viabilizar su implementación, generar empleo productivo y mejorar la competitividad del país.




“El Perú no está preparado para ejecutar concesiones bajo esquemas de APP”